Rebelión
Están los medios de comunicación y columnistas de un país europeo, que tiene como jefe de Estado vitalicio y con carácter hereditario a un ciudadano que nadie ha elegido, indignados y preocupados porque en un país de América los habitantes van a votar en referéndum si quieren poder reelegir a una persona como presidente las veces que consideren. Lo cual es algo que ya está en vigor en ese país europeo y en todos los de su entorno. Estoy hablando de los medios españoles y de la reforma constitucional venezolana.
En Venezuela, el presidente, tal y como prometió en su programa electoral antes de ser elegido el pasado mes de diciembre, ha presentado al Parlamento una reforma constitucional que debatirán los legisladores, se llevará a las ciudades y barrios para su discusión y se someterá a referéndum. El diario El País ha titulado “Chávez presenta la reforma constitucional que le permitirá gobernar indefinidamente” sin importarle repetir el titular del día anterior que era igual: “Chávez presenta al Parlamento su propuesta de reelección indefinida”. Por su parte, El Mundo titula Chávez presenta como 'socialista' su reelección indefinida y el ABC, Hugo Chávez presenta su plan para perpetuarse en la Presidencia. Sin embargo, ninguno de esos medios ha recogido otra reforma legal anunciada ese mismo día, ésta en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia está ultimando los cambios necesarios para acortar el plazo que tienen los condenados a muerte para apelar sus condenas, y hacer efectivas las ejecuciones con más rapidez.
Parece que lo que angustia en España es la reforma de Venezuela, que ya está aquí en vigor, la ausencia de un límite de mandatos presidenciales. Sin embargo, nunca escuchamos a esos medios criticar esa medida en nuestro país, les molesta que un presidente esté gobernando más de dos legislaturas sólo si es Chávez y los venezolanos lo votan. Además, tampoco les ha parecido interesante destacar algunos otros cambios propuestos en la Constitución, por ejemplo, el reflejo en la ley magna de la prohibición de “la explotación de los trabajadores”, la creación de "consejos comunales, obreros, estudiantes, campesinos" como una forma para la "profundización de la democracia participativa y protagonista", establecer un "fondo de estabilidad social" que garantice a los trabajadores “derechos fundamentales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, prenatal y posnatal y otros que establezcan las leyes", reducir a "seis horas diarias" la jornada laboral y la prohibición de los patronos de obligar a sus empleados a trabajar horas extra. También contempla “la prohibición expresa del latifundio, la inclusión de la explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, así como las explotaciones, servicios y bienes de interés público y carácter estratégico”. Si se escucha a los analistas políticos europeos, parece que son esas normas aprobadas en referéndum las que definen a una dictadura.
La oposición venezolana, con esa lucidez que la caracteriza, ha dicho, según declaraciones recogidas ya en el primer párrafo de la información por El País, que todo consiste en una cortina de humo para ocultar la detención de un empresario venezolano que viajaba hacia Argentina con 574.000 euros sin declarar. Es decir, que ante un caso de evasión de divisas, el presidente de Venezuela organiza una reforma constitucional para desviar la atención. Leo también en otros cables de agencia que la oposición califica la reforma como “golpe de estado” que “violenta principios constitucionales”. Extraño golpe de Estado que se presenta al Parlamento, se debate, se vota y se lleva a referéndum. Hasta hace días la oposición venezolana y la europea denunciaban que Chávez había impuesto una constitución a su medida; ahora la cambia y se indignan porque la “violenta”. Si la dejaba, mal, y si la cambia, peor.
Con lo sencillo que sería aceptar la voluntad de los venezolanos.
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