20070228

“El crédito solidario debe ser una herramienta al servicio de los movimientos sociales”



EL LENTO DESPEGUE DE LAS ESTRUCTURAS DE SERVICIOS FINANCIEROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS










Coop57 es la única cooperativa de crédito solidario actualmente existente en el Estado español. Paco Hernández , uno de sus fundadores, habla de su trayectoria, desde 1995 en Barcelona hasta la creación de la Sección Aragón -en agosto de 2005- y la recién formada Sección Madrid. En 2006, concedió 2,5 millones de euros, destinados a proyectos de economía social que fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad.





DIAGONAL: Coop57 nace tras un largo conflicto laboral. ¿Por qué a los y las despedidas de una gran empresa se les ocurre montar una entidad de crédito solidario?



PACO HERNÁNDEZ: En 1986, ante la amenaza patronal de reducir la plantilla de 800 a 200 empleados en la Editorial Bruguera, empieza una fuerte lucha autónoma y por tanto sin comités de empresa y con poder asambleario. Cuando acabó la lucha, tras varios meses y mientras se hacían recursos jurídicos, nos dimos cuenta de que, con nuestra fama, difícilmente íbamos a encontrar trabajo en el sector. Además, eran años en los que el paro superaba el 20%.
Por otra parte, unas 12 personas creímos que era importante construir en pequeñito y en la práctica modelos autogestionarios como los que defendíamos ideológicamente y que lo mejor era ir a la raíz de la lucha de clases que no es otra que el modelo económico y social. Un handicap para proyectos como el nuestro era el que alguien te dejara dinero, salvo con avales. Por ello, cuando la justicia nos otorgó la razón decidimos en asamblea ceder una parte del dinero que ingresamos para devolver toda la solidaridad recibida. Y así, repartimos unos 100 millones de pesetas entre una lucha internacional, que fue la revolución sandinista, y una lucha nacional, que fue el SOC. También invertimos para en el futuro crear una bolsa que fuera el inicio de lo que llamábamos un fondo para generar empleo con modelos autogestionarios.
Este fondo inicial se fue ampliando con ahorros de cooperativas y de otras entidades que promueven la autogestión y la economía social, y con aportaciones individuales. Quizás otro momento importante fue cuando empezamos a trabajar con proyectos que no eran cooperativas: asociaciones, etc. Aunque desde el primer momento el único requisito de nuestros estatutos para entrar en Coop57 era que fueran entidades que desarrollaran aspectos de economía -así algunas asociaciones o sindicatos alternativos están desde el principio-, sí es cierto que el grueso de entidades iniciales lo formamos cooperativas que proveníamos de la Federació Autónoma de Cooperatives de Catalunya. Gracias a ese principio de los estatutos ha sido posible la diversidad de entidades actuales.



D.: ¿Qué aporte transformador pone sobre la mesa el crédito solidario?



P.H.: Éste es el gran reto y la respuesta vendrá en cómo seamos capaces de desarrollar el proyecto. Para muchos de los que estamos en el tajo, la cuestión es que no debe ser una herramienta sólo para un tipo de economía social, ni para un tipo de gestores, sino que por el contrario debe ser una herramienta de articulación al servicio de los movimientos sociales y, por tanto, ellos deben ser los que vayan construyendo el modelo que puede ser cambiante en cuanto así se decida en mayoría. Un modelo autogestionario que no se base en principios de autonomía y de respeto a las decisiones mayoritarias con los mecanismos de participación claros y transparentes significaría volver a repetir los modelos tradicionales en donde, si analizamos el porqué de su fracaso, llegaremos a la conclusión de que en un 80% el motivo son las relaciones humanas y sus luchas internas. Para mí la diferencia está en el modelo de cooperativa con innovaciones en sus formas de participación y control colectivo.



D.: ¿Cómo funcionáis?



P.H.: Para poder pedir un crédito se tiene que ser socio. Para ser socio, antes tiene que haber un informe previo favorable de la comisión social. Una vez solicitado el crédito tiene que pasar por una comisión técnica. Finalmente, corresponde al consejo rector la decisión última. En este sentido hay ejemplos: sobre la petición de un crédito la comisión técnica da un informe negativo y uno muy favorable la comisión social. A partir de aquí y buscando por parte del consejo rector fórmulas como puede ser avalar desde las entidades y las personas ese crédito, y otras similares, han dado hasta ahora resultados satisfactorios. Todos los órganos son elegidos por las asambleas, que suelen ser numerosas y representativas. En cuanto a impagos o morosos, en principio se renegocian en función de la problemática de cada entidad; el diálogo y la amistad, al conocernos todos, es la base de la confianza, al tener conocimiento de que si no pagas no estás jodiendo a un accionista multimillonario, si no a compañeras y compañeros de viaje de una cooperativa, de un ateneo, de una asociación. A diferencia de un banco tradicional, que ante un crédito son subsidiarios de la totalidad de la deuda todos sus componentes, en Coop57, por poner un ejemplo, si una entidad pide 50.000 euros y firman la solicitud 20 miembros de la entidad y es una mayoría cualificada, cada uno de los firmantes se compromete con su parte, en este ejemplo con 2.500 euros.



D.: ¿Cómo se inscribe Coop57 en el panorama de los movimientos sociales en Cataluña?



P.H.: La totalidad de personas de los órganos de decisión son representativas de los movimientos sociales, y ésa es la base de un modelo autogestionario y participativo. Gracias a Coop57 existe un conocimiento y una cohesión en proyectos concretos que hace unos años eran impensables entre entidades de sectores sociales bien diferenciadas, así como que pudieran estar construyendo proyectos conjuntos como ocurre en la actualidad. En cuanto a la economía social, entendida desde la óptica de la carta de principios del Foro Social Mundial, estamos dando los primeros pasos y, desde luego, la que es su abanderada en cuanto a lo social aquí en Cataluña es la Xarxa de Economia Solidaria, que cuenta con unas 40 entidades y compartimos proyectos e ideas con las redes de economía social a nivel estatal e internacional. En cuanto al peso de las cooperativas, en las charlas hablan de que el 7% del PIB de Cataluña lo generan las cooperativas.



D.: ¿Por qué el paso a Coop57 Aragón y Madrid?



P.H.: Por el principio de un modelo basado en un funcionamiento horizontal y participativo, con lo cual es básico aprovechar la estructura de funcionamiento administrativo para ahorrar recursos. Pero los funcionamientos de las comisiones tienen que estar nombradas en cada sede para que continúen las bases de confianza y participación. Un ejemplo, ¿cómo desde Barcelona íbamos a evaluar un proyecto de Madrid o viceversa? En este sentido, hasta en asambleas hemos optado siempre por un modelo de crecimiento en horizontal.
Por ejemplo, si en Cataluña existiera una realidad comarcal fuerte para desarrollar su propio modelo de Coop57 sería posible y necesario hacerlo. Lo único que debe regular la asamblea general serían los acuerdos de solidaridad económica entre unas y otras y el respeto a los acuerdos de tipo general aprobados en asamblea.

20070224

ING y AXA, dos bancos con inversiones en armas de destrucción masiva

Fallujah, noviembre 2004. Decenas de miles de ciudadanos quedan rodeados por el ejército estadounidense que lanza ataques sin cesar. La luz, el agua potable y toda la asistencia médica son cortadas. La masacre de miles de personas, nunca condenada por ningún estado (occidental) supuestamente civilizado, incluye el uso de armas químicas. El fósforo blanco, utilizado contra población, provoca una muerte cruel. Es un producto químico que produce quemaduras profundas, hasta los huesos, cuando entra en contacto con la piel. El uso del fósforo blanco como arma química está prohibido por varios tratados internacionales, y es considerada como un arma de destrucción masiva ilegal. El silencio de los gobernantes ante este crimen contra la humanidad parece haber animado al régimen de EEUU a seguir utilizando esta arma ilegal y ha ordenado el aumento de la producción de la misma. Estado Español, junio 2006. Más de un millón de ciudadanos tienen sus ahorros en ING (por valor de más de 13.000 millones de euros). Poco o nada saben para qué se utiliza su dinero o en qué empresas ING invierte, facilita créditos, etc...


Un ejemplo:
Desde septiembre 2005, dos empresas están encargadas de renovar y ampliar toda la producción de fósforo blanco para el ejército USAmericano. La empresa encargada de la producción del fósforo blanco se llama Pine Bluff Arsenal y es propiedad del ejército gringo. Las dos principales empresas encargadas de la modernización de la producción del fósforo blanco son Shaw Environmental Inc. y Teledyne Brown Engineering. ING y AXA, dos grupos financieros internacionales, tienen juntos inversiones por un valor de 37 millones de dólares en estas dos empresas.



Los dos grupos financieros tienen una largo y sucio historial en cuanto a sus vínculos financieros con la producción de armas, y más concretamente con las armas de destrucción masiva.
En una investigación publicada en abril 2004 [1] se detallan los nexos financieros entre los dos grupos con la fabricación de las armas más controvertidas y declaradas ilegales por varios tratados y tribunales: las armas nucleares, las minas antipersonales, las armas con uranio empobrecido y las bombas de fragmentación.



Aunque ING, como consecuencia de la campaña, ha retirado parcialmente sus intereses financieros de algunas de las empresas dedicadas a la fabricación de armas de destrucción masiva, el grupo financiero sigue manteniendo inversiones e intereses en varias empresas armamentísticas. ING dispone oficialmente de una política ‘ética’ en cuanto a las inversiones en armas, pero no es puesto en práctica. AXA no dispone de ninguna política (pública) al respecto.



En el Estado español las dos empresas son muy activas, AXA como empresa aseguradora, y ING como líder en el sector del banco directo. Lo que hacen estas y otras entidades financieras con el dinero no es inocente. El dinero es tuyo, y la responsabilidad de lo que se hace con el también. [2]


Lista de algunas empresas vinculadas a la producción de las armas de destrucción masiva:
Empresas productoras de bombas de fragmentación:

EADS, Lockheed Martin y Raytheon.

Empresas involucradas en la producción de armas nucleares:

EADS, Lockheed Martin, MBDA, Halliburton, Rolls Royce y Serco.

Empresas productoras de armas con uranio empobrecido:

Alliant TechSystems Corporation (ATK), General Dynamics y BAE Systems.

Empresa productora de minas antipersonales:

Singapore Technologies Engineering.


[1] Una investigación publicada en el marco de la campaña ‘Mijn geld, goed geweten’ de varias ONGs flamencas que logró un impacto bastante grande y forzó a varios bancos a cambiar su política financiera en cuanto a sus vínculos con la producción de armas.
[2] Existen alternativas, por ejemplo los bancos éticos.

Autor: Hendrik Vaneeckhaute

Continúan las movilizaciones en Bilbo tras la brutal intervención de la Ertzaintza


La Ertzaintza ha cargado violentamente contra las personas que han secundado la manifestación convocada para hoy en Bilbo.


Así, varias ellas han resultado heridas y dos personas detenidas, según ha confirmado el Departamento de Interior de Lakua. Entre los arrestados se encuentra el mahaikide Joseba Permach. Pernando Barrena ha sido trasladado al hospital de Basurto a causa de las heridas. La gente continúa manifestándose en diferentes movilizaciones por toda la ciudad, y la Ertzaintza sigue cargando contra ellos.BILBO-. Tras la negativa de dejar que se celebrara la manifestación convocada por un grupo de ciudadanos esta tarde en Bilbo bajo el lema "Hitza eta erabakia, lurraldetasuna eta amnistiaren alde", miles de personas que han secundado la marcha han decidido realizar una segunda.
Esta ha partido desde La Casilla y ha llegado hasta la calle Doctor Areilza. Allí, frente a la masiva presencia policial, los presentes han decidido sentarse. La Ertzaintza ha dado órdenes de disolverse y les ha amenazado con acusarles de un delito de "desobediencia".

Posteriormente, la presencia policial ha crecido en grandes cantidades y los agentes han comenzado a cargar, golpear y detener a la gente.
Varias personas han resultado heridas y otras dos han sido detenidas, entre ellas el mahaikide Joseba Permach. Asimismo, Pernando Barrena ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital de Basurto, según ha informado EITB.
Cabe destacar que entre los heridos hay varias personas con heridas de carácter grave.
Siguen las movilizaciones
Las personas que han secundado la marcha no se han dado la vuelta y continúan manifestándose por las calles de la ciudad. La Ertzaintza no cede ni lo más mínimo y sigue cargando contra la gente.

20070217

Dow Chemical, Monsanto y la muerte enlatada

Carlos Machado
Ecoportal.net

La llegada de la revolución industrial trajo, indudablemente, un gran progreso y muchos beneficios a la humanidad. Pero ésta, en forma paralela, comenzó en poco tiempo a padecer los sistemas implementados por la industria para lograr esos progresos, que de estar inicialmente pensados para el hombre han llegado a transformarse en su destrucción. De hecho, a constituirse en beneficios únicamente para las multinacionales, que en realidad desprecian a la humanidad y sólo contemplan su progreso propio, creando continuamente nuevas formas de destrucción, mientras ocultan datos, mienten, sobornan y atacan a quienes pretendan denunciarlas. Intentaremos reflejar de qué manera han acumulado desastres y daños en el planeta esas multinacionales del terror, y además de quiénes se trata.


Comenzaremos por recordar que hace poco se cumplieron 22 años de que ocurriera uno de los mayores de esos desastres. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 se produjo la fuga de 30 a 40 toneladas de gases letales en la fábrica de pesticidas de la Union Carbide Corporation en la ciudad de Bhopal, en la India. Esos gases, que se escaparon de algunos de los tanques durante una rutinaria operación de mantenimiento, contenían isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno, entre otras sustancias altamente tóxicas. Esa noche, seis de las medidas dispuestas para prevenir una fuga de gases no funcionaron, fueron desconectadas o resultaron inadecuadas, además de no funcionar tampoco la sirena de alarma. Los gases, que rápidamente se expandieron por la ciudad, quemaron los ojos y las vías respiratorias de la gente, se introdujeron en su corriente sanguínea y dañaron todos sus sistemas corporales. Muchos murieron en sus camas, otros salieron de sus casas a tropezones, ciegos y ahogándose, para morir en la calle, y otros murieron al llegar a un hospital. Esos gases mataron de inmediato a 8.000 personas y envenenaron a otras 20.000, comenzando una tragedia que aún no ha llegado a su fin. Desde entonces, y de acuerdo a cálculos de organizaciones de sobrevivientes, continúan muriendo de diez a quince personas por mes a consecuencia de enfermedades relacionadas con la exposición a aquellos gases tóxicos. Actualmente, los más de 150.000 sobrevivientes de la catástrofe son enfermos crónicos que deben seguir recibiendo tratamiento médico, y aproximadamente 500.000 de los que estuvieron expuestos de otras formas a los gases tienen sustancias tóxicas en su flujo sanguíneo, mientras todos ellos más los hijos de los afectados viven enfrentados a las secuelas de ese legado, entre ellas cáncer, problemas neurológicos, ciclos menstruales caóticos, enfermedades mentales y daños en los sistemas musculoesquelético, reproductivo e inmunológico. A 22 años de ese desastre, la empresa responsable del mismo y sus antiguos ejecutivos, que huyeron de la India dejando abandonada la fábrica, siguen eludiendo a la justicia.
En 1999, Union Carbide se fusionó con la multinacional Dow Chemical, al comprar ésta a aquella por unos 9.500 millones de dólares, pasando así a convertirse en la compañía química más grande del mundo. Pero Dow Chemical no sólo había comprado los activos de Union Carbide, sino también sus obligaciones. Sin embargo, se negó a aceptar las responsabilidades morales por las operaciones de Union Carbide en Bhopal. Mientras sigue la batalla legal intentándose probar esa responsabilidad en los tribunales estadounidenses, el pueblo de Bhopal sigue sufriendo, como se dijo, las consecuencias y secuelas de esa catástrofe y, todavía, la exposición a sustancias tóxicas en las instalaciones industriales abandonadas.

Se había pedido a Union Carbide que indemnizara a los afectados de Bhopal, pero después de cinco años de luchar en los tribunales, el gobierno indio, por debilidad o por corruptela, aceptó un acuerdo extrajudicial por sólo 470 millones de dólares, que se firmó en febrero de 1989. Eso fue todo. Según la propia Dow Chemical, ambas empresas suman ingresos anuales por más de 25.000 millones de dólares. La indemnización media por daños personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona, apenas el dinero necesario para cubrir gastos médicos por cinco años, pese a que miles de los afectados y sus hijos permanecerán enfermos y no podrán trabajar durante todo lo que les reste de vida. Desde esa catástrofe se han iniciado más de 140 causas civiles en los tribunales federales de Estados Unidos a favor de las víctimas y los sobrevivientes, en un intento por obtener una indemnización apropiada para ellos. Todos esos casos aún siguen pendientes.

Dow Chemical y el Agente Naranja


El curriculum de la Dow Chemical abunda en muchas otras iniquidades además de la de Bhopal, pero nos remitiremos a las más destacadas y las que mejor reflejan su “espíritu de progreso”.
En 1964, y anticipándose a los encargos que poco después le haría el gobierno norteamericano, Dow Chemical contrató a un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania para que hiciera algo que no tuviera nada que envidiarle a uno de los preferidos de Adolf Hitler, el doctor Josef Mengele, y se le pusiera a la par. El dermatólogo realizó ensayos con dioxinas utilizando a setenta reclusos de la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, cuyos resultados serían usados al poco tiempo y en gran escala contra la población civil vietnamita. Las dioxinas son las sustancias más dañinas que se conocen. Además de cancerígenas, son cinco millones de veces más tóxicas que el cianuro. En 1971, la compañía química volvió a los ensayos con presidiarios para probar un pesticida tóxico en el organismo humano. El resultado, considerado “satisfactorio”, le sirvió para lograr un nuevo agente nervioso, el Chlorpyrifos, producto que sustituyó al DDT cuando éste fue prohibido en 1972, pero tanto o más dañino. Obviamente, nunca llegó a saberse qué fue de todos los reclusos utilizados para los experimentos.

Entre 1970 y 1971, la planta de la Dow Chemical en Midland, Michigan, arrojó más de 17.000 millones de litros de aguas residuales al río Brazos y al Golfo de México. En 1980, un grupo de investigadores descubrió que 25 trabajadores de la factoría de la empresa en Freeport, Texas, tenían tumores cerebrales, 24 de los cuales resultaron mortales. Sin embargo, la fabricación y manipulación de productos de alta peligrosidad por parte de los trabajadores nunca se detuvo.
La última hazaña es tema hace un tiempo de los diarios de Nicaragua, ya que miles de agricultores allí están contaminados por el pesticida Nemagón, un producto que elimina las plagas pero también a los seres humanos. Solamente entre los trabajadores bananeros, el pesticida acabó con la vida de 849 de ellos en los últimos años, y la Dow Chemical, uno de los baluartes en la fabricación de pesticidas y sustancias letales, figura entre las compañías demandadas por los agricultores nicaragüenses.
Pero quizás la esmeralda que resalta en la corona de Dow Chemical ha sido hasta ahora, al menos hasta que no invente algo peor, el Agente Naranja.

Esta otra creación de la compañía química es una mezcla de dos herbicidas: el 2,4-D y el 2,4,5-T, y fue utilizado como desfoliante en los bosques y los arrozales por el ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. Por cuestiones propias del apuro militar para ponerlo en práctica en esa guerra fue producido con una deficiente purificación, presentando contenidos elevados de una dioxina cancerígena: la tetraclorodibenzodioxina, tóxico cuyo uso afectó a más de tres millones de vietnamitas e incluso a muchos soldados estadounidenses a quienes, por supuesto, no se les informó debidamente sobre lo que arrojaban desde los aviones y sobre lo que recibían los que estaban abajo. Algo habitual en los emperadores del Norte, si recordamos que ni siquiera la tripulación del “Enola Gay”, el avión que arrojó la primera bomba atómica sobre población civil en Hiroshima -con las consecuencias que aún hoy sufren los sobrevivientes y su progenie-, conocía el poder de lo que transportaban. Un producto, esta letal dioxina, que además dejó secuelas en los afectados de ambos bandos en Vietnam, ya que ellos y sus descendientes siguen padeciendo graves problemas de salud, entre ellos malformaciones genéticas.

Un grupo de vietnamitas inició un juicio en Estados Unidos contra las grandes compañías fabricantes del Agente Naranja. Mientras ellos aún aguardan el resultado de sus demandas, al menos un grupo de más de noventa veteranos de guerra de Estados Unidos tuvieron algo de suerte dentro de sus padecimientos: en 1984 obtuvieron la suma de 180 millones de dólares en concepto de daños a la salud por los efectos adversos de la exposición a ese herbicida. Por su parte, los representantes de las compañías depredadoras esgrimen en su descargo dos palabras casualmente bien conocidas en la Argentina, sobre todo en los últimos años de su historia reciente: “obediencia debida”. Para ellos, simplemente “se siguieron órdenes del gobierno”.

Como la Dow Chemical, también la empresa Monsanto suministró al ejército estadounidense su propia versión del Agente Naranja, pero esta versión contenía concentraciones de dioxina mucho más altas que la de su competidora en el negocio cívico-militar que representaba entonces la guerra de Vietnam. De todas maneras, ambas compañías y otras menores pero no menos peligrosas siempre han convivido perfectamente en este circo de horrores conformado por el complejo militar-industrial norteamericano.

Monsanto: de la sacarina a Vietnam


La compañía química Monsanto fue fundada en 1901 en la ciudad estadounidense de Saint Louis, Missouri, por John Francis Queeny, un veterano de la industria farmacéutica que invirtió capital propio y dio a la nueva empresa el nombre de soltera de su esposa, la española Olga Monsanto. A poco de entrar en escena, Monsanto lanzó el edulcorante artificial “Sacarina”, si bien en realidad su fundador había traído algunos antecedentes de ese producto desde Alemania, ya que había trabajado para la firma Merck. También se constituyó en uno de los principales proveedores de cafeína para la Coca-Cola. En la década de 1920 expandió sus negocios hacia la química industrial, por ejemplo produciendo ácido sulfúrico, y en la de 1940 ya era líder en la fabricación de plásticos, entre ellos poliestireno y fibras sintéticas. Desde entonces, Monsanto se consolidó como una de las diez mayores compañías químicas americanas.


A poco andar y al igual que sus competidoras multinacionales –la Dow Chemical es un claro ejemplo de ello- Monsanto no escapó a la saga de desastres que las caracterizan. En 1947 un carguero francés que transportaba fertilizantes de nitrato de amonio explotó en un muelle, a sólo 80 metros de la fábrica de plásticos de la empresa en Galveston, Texas, donde murieron más de 500 personas. Esa fábrica producía plásticos de estireno y poliestireno, hoy importantes componentes de envases alimenticios, botellas de aguas mineralizadas y gaseosas y muchos otros productos de consumo, además de encontrarse en ventanas de edificios, papeles pintados, tuberías, cables, tarjetas de crédito y hasta en algunos instrumentos médicos. En la década de 1980 la EPA –siglas en inglés de la Agencia de Protección al Medioambiente, organismo del gobierno norteamericano- clasificó al poliestireno como el quinto producto químico cuya producción genera más desechos peligrosos. Su elaboración disemina dioxinas por el aire, y su incineración contamina por otras vías. Pero Monsanto también comenzó a diseminar por el mundo otro engendro letal: el PCB.

En 1929 Monsanto compró la compañía química Swann, que había comenzado a desarrollar el bifenil policlorado llamado comúnmente PCB (por Polychlorinated Biphenyl, su denominación en inglés). El producto fue ampliamente elogiado por ser no inflamable y de alta estabilidad química, y de inmediato se lo utilizó en la industria de los equipamientos eléctricos, que lo adoptó como refrigerante para su nueva generación de transformadores. Para la década de 1960, los PCB de Monsanto ya eran utilizados como lubricantes, fluidos hidráulicos, selladores líquidos y protecciones a prueba de agua, entre otras aplicaciones. Pero investigaciones a partir de esos años comenzaron a demostrar la alta toxicidad del producto: científicos suecos que habían estudiado los efectos biológicos del DDT habían encontrado concentraciones significativas de PCB en la sangre, pelo y tejido graso de animales salvajes, e investigaciones durante los años ‘60 y ‘70 revelaron que los PCB y otros cloruros orgánicos eran potentes agentes cancerígenos, y también los relacionaron con un amplio abanico de desórdenes inmunológicos, reproductivos y de crecimiento. El PCB puede ingresar al cuerpo humano a través del contacto por la piel, por la inhalación de vapores o por la ingestión de alimentos que contengan residuos del compuesto. Este tóxico fue prohibido en Estados Unidos y Europa a partir de 1976, luego de que se sucedieran algunos accidentes, siendo reemplazado por productos alternativos más seguros como los aceites de silicón o ciertos tipos de aceite mineral, o bien pasaron a utilizarse transformadores “secos” o refrigerados por aire. De todas maneras, los efectos destructores y tóxicos del PCB persisten en el mundo entero.

En uno de tantos “países basurero” como la Argentina -pese a que las compañías de electricidad se comprometieron a reemplazar los transformadores con PCB luego de haberse puesto en evidencia que la muerte de varias personas con diversos tipos de cáncer se produjo por residir en proximidades de los mismos- aún existen muchos transformadores de media y baja tensión conteniendo aceite refrigerante de PCB. En varios casos se descubrió que ese lubricante chorrea por falta de mantenimiento –más la habitual abundancia de desidia de los gobiernos municipales de turno-, y la liberación de ese aditivo contamina el suelo, las napas y el agua. Ello ocurre no sólo en un barrio sino en una amplia zona, ya que una de las características del PCB, además de su resistencia a la ruptura o degradación química y biológica a través de procesos naturales más su tendencia a acumularse y permanecer en organismos vivos, es que se disemina con suma facilidad. Se estima que un transformador con buen mantenimiento y trabajando sin exceso de carga puede tener una vida útil de cuarenta a sesenta años. Posteriormente esos artefactos son considerados residuos peligrosos. El principal riesgo sucede si los transformadores explotan o se incendian. En tal caso, el PCB se transforma en una dioxina, y ya hemos visto las consecuencias que éstas acarrean, por si fueran pocas las que genera el PCB.

La facilidad del PCB para diseminarse rápidamente por tierra, agua y aire ha hecho que se detectaran altas concentraciones del tóxico en el Artico, y por extensión en la cadena alimenticia acuática: la merluza ártica, por ejemplo, contiene concentraciones de PCB 48 millones de veces superiores a las de las aguas en que se encuentra, y los mamíferos depredadores, como los osos polares, pueden tener en sus tejidos concentraciones de PCB cincuenta veces más grandes. Por consecuencia, los habitantes esquimales del Artico, los indígenas “inuit”, no están para nada exentos de la acción de este veneno. Hoy este producto está incluido en la llamada “docena sucia”, un listado de los doce contaminantes más peligrosos del planeta. Además es considerado un “contaminante orgánico persistente”, lo que equivale a decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos. Se estima que los efectos del PCB se extenderán hasta después del año 2025. En tanto, el entusiasmo de Monsanto por la creación de nuevos flagelos para la humanidad no se detenía allí.

La relación de Monsanto con las dioxinas arranca con la fabricación del herbicida 2,4,5-T, comenzada a fines de la década de 1940. Sobre ésto Peter Sills, autor de un libro sobre dioxinas, explica: “Casi inmediatamente, los trabajadores de la fábrica empezaron a enfermarse, con eczemas en la piel, inexplicables dolores en piernas, articulaciones y otras partes del cuerpo, debilidad, irritabilidad, nerviosismo y pérdida de la libido. Los memorándums internos muestran que la compañía sabía que estos hombres estaban tan enfermos como afirmaban, pero mantuvieron las pruebas bien escondidas”. Una explosión en la fábrica de herbicidas de Monsanto en West Virginia, en 1949, atrajo una mayor atención hacia esas quejas. El agente contaminante que generó esas condiciones no fue identificado como dioxina hasta 1957, pero el Cuerpo Químico del ejército de Estados Unidos –cuándo no- se interesó enseguida por esta sustancia, pensando en un posible agente para guerra química. Incluso se reveló, gracias a la Ley de Libertad de Información, que ya desde 1952 había unas 600 páginas de intercambio de informes y correspondencia entre Monsanto y esa dependencia del ejército sobre el tema de este subproducto de los herbicidas. Estaba cercana la puesta en marcha del Agente Naranja, para que las fuerzas norteamericanas en Vietnam se divirtieran arrojando este veneno transformando en páramos bosques y arrozales, y arruinando por extensión las demás vidas orgánicas, incluso la del hombre.

Bienvenida, biotecnología


A punto de iniciarse la década de 1990, Monsanto era una de cuatro compañías químicas que estaban por sacar al mercado una hormona de crecimiento bovino sintética, producida en bacterias modificadas genéticamente para producir proteínas bovinas. Otra de las empresas era American Cyanamid, luego propiedad de American Home Products, ésta a su vez posteriormente fusionada con Monsanto. Asimismo, comenzaba una agresiva promoción de Monsanto para imponer sus productos de biotecnología, como por ejemplo, además de la hormona bovina, las semillas de soja y maíz transgénico y sus variedades de algodón resistentes a los insectos. En los hechos una paradoja ya que, mientras son efectivamente resistentes a alguna variedad de insectos, no lo son para otras, por lo que deben seguir utilizándose plaguicidas, obviamente fabricados por Monsanto, cuyas consecuencias para la vida humana ya conocemos. Muchos observadores ven este accionar como la continuación de muchas décadas de prácticas éticamente cuestionables, y como dice el ya citado Peter Sills: “Las corporaciones tienen personalidades, y Monsanto es una de las más malignas. Desde sus herbicidas al desinfectante Santophen y a la hormona de crecimiento bovino, parece que hace todo lo posible para hacer daño, a sus propios trabajadores y a los niños”.



Monsanto venía intentando, desde 14 años antes de lanzar su hormona, la aprobación para ello de la Agencia para las Drogas y la Alimentación (FDA-Food and Drugs Agency), organismo del gobierno de Estados Unidos, intento que estuvo marcado por varias controversias, incluyendo versiones sobre un supuesto esfuerzo concertado para suprimir información sobre los efectos negativos de la hormona. Incluso un veterinario de la FDA, Richard Burroughs, fue despedido después de acusar tanto a Monsanto como a la agencia gubernamental de suprimir y manipular datos para esconder los efectos de las inyecciones de la hormona en la salud de las vacas lecheras. En 1990, cuando la aprobación de la FDA parecía inminente, un patólogo veterinario de la Universidad de Vermont mostró, a dos legisladores del estado, datos que habían sido previamente suprimidos que documentaban importantes incrementos en las tasas de infección en las vacas que habían sido inyectadas con la entonces experimental hormona de Monsanto, además de una inusual cantidad de graves defectos de nacimiento en las crías de vacas tratadas con ese producto. Por otra parte, una revisión independiente de esos datos hecha por un grupo representante de las granjas regionales documentó problemas de salud adicionales en las vacas asociados con la hormona, entre ellos altas tasas de lesiones en cascos y patas, dificultades metabólicas y reproductoras e infecciones uterinas. A su vez, la Oficina Presupuestaria del Congreso (GAO-General Accounting Office) intentó una investigación sobre el caso pero no pudo obtener los archivos necesarios de Monsanto para continuarla, particularmente respecto de las sospechas de efectos teratogénicos y embriotóxicos. Los auditores de la GAO llegaron a la conclusión de que las vacas inyectadas con Posilac –nombre comercial de la hormona- tenían una tasa de mastitis (infección de las ubres) un tercio mayor que las no tratadas, y recomendaron mayores investigaciones sobre niveles más altos de riesgo en la leche producida utilizando la hormona. Investigaciones que por supuesto nunca más se concretaron.

Finalmente, la hormona de Monsanto fue aprobada por la FDA para su venta comercial en 1994. Al año siguiente la Unión de Granjeros de Wisconsin publicó un estudio con sus experiencias con la hormona, cuyos resultados excedían los problemas de salud antes detectados. Hubo informes sobre muertes espontáneas de vacas tratadas con la hormona, alta incidencia de infecciones en las ubres, graves dificultades metabólicas y problemas de reproducción. Muchos granjeros experimentados que habían probado el uso del Posilac de pronto tuvieron que reemplazar a gran parte de sus rebaños, pero en lugar de examinar las causas de las quejas de los granjeros sobre la hormona, Monsanto pasó a la ofensiva, amenazando con litigar contra las pequeñas empresas lecheras que anunciaran sus productos como “libres de la hormona”. El caso es que las pruebas de los efectos dañinos de este producto en la salud, tanto de las vacas como de las personas, continuaron acumulándose. Al mismo tiempo, afloraba también la canallesca relación de Monsanto -siempre obviamente tras el logro de su beneficio- con determinados funcionarios de diversos niveles gubernamentales.


La verdad incómoda


Hace un tiempo atrás, el diario británico “The Independent” informó sobre un estudio que Monsanto había mantenido en secreto, que mostraba que un grupo de ratas alimentadas con maíz transgénico de esa multinacional había sufrido cambios en órganos internos y en la sangre. La información tuvo amplia repercusión en los principales medios de prensa de Europa y muchos del resto del mundo. En México, sin embargo, la noticia fue ignorada por las autoridades y escasamente difundida por los medios. Claro, la Secretaría de Salud mexicana aprobó para consumo humano, a partir del 2003, ese maíz transgénico –al que Monsanto se encargó diligentemente de distribuir por todo el país, ejerciendo de paso la autoridad que le da la propiedad de su patente para recaudar las onerosas regalías que deben abonar los campesinos por la semilla- y entonces, en un país que es el centro de origen del maíz y su población lo consume en forma masiva, este tema no ha resultado relevante. Quizás porque allí hay demasiadas ratas o demasiados amigos de Monsanto. O lo que es lo mismo, una mezcla de ambas cosas a la vez. De hecho, según afirman muchos, el ex presidente Vicente Fox, antes de llegar a asumir altos cargos públicos, se había desempeñado como ejecutivo de una subsidiaria de Monsanto.


Y debemos volver a un lugar del mundo citado al comienzo de la nota, la India, con otro aspecto trágico. De acuerdo a datos reconocidos por el propio Ministerio de Agricultura indio, entre 1993 y 2003 hubo 100.000 suicidios de campesinos, y entre 2003 y octubre de 2006 ocurrieron 16.000 suicidios de campesinos cada año. En total, entre 1993 y 2006 hubo alrededor de 150.000 suicidios de campesinos, un promedio de treinta diarios durante 13 años. ¿Y bajo qué condiciones puede darse semejante tasa de suicidios entre productores rurales?. Para algunos obedece simplemente a cuestiones de endeudamiento, pero a los ojos de observadores imparciales, la verdadera razón radica en la imposición de una tecnología agrícola totalmente inadecuada, tanto desde el punto de vista económico como del ambiental. Un ejemplo que grafica bien esta cuestión es el de Anil Khondwa Shinde, un pequeño agricultor del distrito de Vidarba, estado de Maharashtra, en el sector centro-occidental de la India, quien hace poco se suicidió –las casualidades a veces no existen- ingiriendo un potente plaguicida, muriendo en pocos minutos a sus 31 años de edad. La desproporción entre costos de producción y precio de venta no le permitieron pagar el crédito extendido por los proveedores de insumos. Shinde había decidido sembrar algodón “Bt”, transgénico producido por Monsanto que supuestamente reduce la necesidad de plaguicidas y aumenta la rentabilidad del productor. La realidad de esta historia es que el algodón de Monsanto ofrece algo de protección frente al llamado “gusano del fruto” pero no frente a otras plagas que afectan este cultivo. Es así que los agricultores como Shinde recurrieron a este algodón de Monsanto buscando reducir el costo en plaguicidas pero se llevaron una ingrata sorpresa, ya que se vieron obligados a seguir aplicando estos insumos, y peor aún, la trampa del endeudamiento se les vino encima mucho más rápido dado que las semillas del algodón de Monsanto son mucho más caras. Es así como centenares de campesinos indios que sembraron algodón transgénico decidieron buscar la salida del suicidio frente a una situación económica desesperada que empeora año tras año.

También en la India –que para las transnacionales del terror parece un ideal depósito de venenos y basuras varias, al igual que los países latinoamericanos y africanos- se descubrió hace algunos meses la presencia de una serie de pesticidas en las bebidas gaseosas comercializadas por Coca-Cola y Pepsico. Un comité del Parlamento indio confirmó que ambas compañías vendieron bebidas contaminadas, entre ellas las conocidas Coca-Cola, Coca Diet, Fanta, Sprite, Pepsi, Pepsi Light y Mirinda de naranja y limón, poniendo en peligro la salud de los consumidores. Según el diario británico “The Guardian”, las bebidas alcanzaron a contener una cantidad de pesticidas más de treinta veces superior a lo establecido por las regulaciones europeas en la materia. Todas las bebidas contaban, entre otros pesticidas, con la presencia de DDT, cuya función es acabar con las plagas de mosquitos pero que ha sido prohibido hace bastante tiempo en Estados Unidos y Europa, y que puede generar desde cáncer a importantes daños en el sistema inmunológico de los seres humanos. De hecho, en la India –a cuyo débil y corrupto gobierno no parecen hacerle mella tragedias como la de Bhopal- continúan utilizándose varios plaguicidas que ya han sido prohibidos, como se dijo, en varios otros países. De todas maneras fue el pueblo indio, mediante fuertes campañas desarrolladas contra las citadas empresas de bebidas gaseosas, el que logró que al menos en varios estados del país se dejara de consumir y comercializar esos refrescos, igual que en escuelas y en las cafeterías de edificios públicos. Sanjay Nuripam, miembro de una de las organizaciones que integraron el comité conjunto parlamentario, en declaraciones a “The Guardian” se planteó: “Tú no encuentras refrescos de cola con pesticidas en Estados Unidos. ¿Por qué nos fuerzan a que nos los bebamos nosotros?”. Para más claro, echarle agua. Pero claro, sin pesticidas.

Si algo caracteriza a Monsanto, como a otras multinacionales que hacen su negocio a expensas de vidas humanas, es su capacidad para tratar de minimizar sus acciones a través de campañas publicitarias que laven su imagen, incluyendo el pago a diversos patanes que mediante mensajes a través de Internet o en sus propios blogs descalifican toda crítica o informe negativo hacia la multinacional, ensalzando a la vez las “bondades” de sus productos. En Gran Bretaña, por ejemplo, invirtió un millón de libras esterlinas en una campaña de márketing patrocinando una exposición sobre biodiversidad con la más avanzada tecnología, y en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, además de muchos otros espacios similares, está intentando aparecer como una empresa concientizada y progresista. Otra medida que adopta es la de captar a políticos de nivel que colaboren con su gestión empresarial. ¿Ejemplos?. En mayo de 1997 Mickey Cantor, asesor de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 y Representante Comercial de Estados Unidos durante su primer mandato, fue designado miembro del Consejo de Dirección de Monsanto. Por su parte Marcia Hale, antes asistente personal del mismo presidente, trabajó luego como Relaciones Públicas de Monsanto en Gran Bretaña. Además, directamente ha sobornado y comprado a varios funcionarios de la gubernamental FDA, la Agencia para las Drogas y la Alimentación, y colocado a elementos propios en cargos de esa agencia, aparte de haber logrado en su momento la protección de la administración Reagan para eludir situaciones que la comprometían. Con lo cual se ha demostrado que la FDA, que supuestamente debería velar por la salud de sus ciudadanos, en los hechos es un organismo que brinda su coraza en defensa de los intereses de las multinacionales. Y por si ésto fuera poco, la compañía intenta todo para intimidar a los críticos que la denuncian y a suprimir los juicios negativos en los medios. Monsanto cuenta, en tal sentido, con más de ochenta empleados y un presupuesto anual de unos diez millones de dólares con la exclusiva tarea de investigar y perseguir tanto a agricultores díscolos como a periodistas nada complacientes.


Conclusión (por ahora)


Cuando se habla de la administración Bush como representante del complejo militar-industrial norteamericano se tiende a pensar, exclusivamente, en los altos mandos del Pentágono, el ministerio de Defensa y los altos círculos financieros de Wall Street, vinculados mediante múltiples lazos con los grandes monopolios de la fabricación de armamentos: Boeing, Northrop Grumman, Lockheed, General Dynamics, MacDonnell, etc. Sin embargo existe otro sector de la producción, la industria química, farmacéutica y biotecnológica que, si bien menos visible, también ocupa una posición central en el amplio entramado de intereses políticos, económicos y militares de ese llamado complejo militar-industrial. No sólo una parte considerable de sus investigaciones y su producción está destinada a satisfacer las letales demandas del Pentágono en cuanto a la fabricación y almacenamiento de armas biológicas o químicas, sino que en gran medida sus beneficios dependen directamente de una contraprestación: la capacidad del poder militar estadounidense para imponer los intereses políticos y económicos del país, y por lógica consecuencia los suyos, en todo el mundo. Aunque operando casi siempre en un segundo plano, las grandes multinacionales de la industria química y farmacéutica norteamericana son los otros “señores de la guerra”. Una guerra que, de no despertarse las conciencias en los gobiernos de los países que son utilizados como cobayos y vaciaderos de desperdicios mortales para adoptar de una vez decisiones políticas que se correspondan únicamente con los intereses de sus poblaciones, estará perdida para siempre.

20070212

El nuevo feudalismo muestra sus garras

En medio de todo el alboroto creado por el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que dice que el planeta se está destruyendo debido a los apetitos de ganancia del capitalismo – nada más y nada menos lo que sabían, desde hace siglos, todos quienes luchan por el socialismo- las transnacionales siguen su camino de destrucción desmedida, apoyadas por gobiernos y las elites depredadoras. El interés central de estas ansias de poder es justamente la tierra, no el planeta como un todo sino el suelo, el subsuelo y sus riquezas energéticas.
Hoy, en toda América Latina, la lucha de los pueblos originarios y de los campesinos sin-tierra es justamente para garantizar que la tierra sea preservada de la saña desarrollista del modelo capitalista de producción. Y, en este forcejeo, está claro que son los pueblos autóctonos y los sin-tierra, quienes sufren más duramente los efectos de este nuevo feudalismo que se expresa en el despojo, la cárcel, la tortura y la violencia.No es de ahora que las luchas sociales son criminalizadas como formas ejemplarizadoras y definidas para escarmentar a la gente. Basta que un movimiento se exprese en las calles, en marchas o en actos políticos para que se haga presente la represión que cumple su trabajo de defender el orden. No el orden social - que sólo el hecho de que haya protestas y luchas demuestra que no existe – sino el que sirve a los poderosos, que defiende sus intereses y propiedades.El año pasado fue pródigo en ejemplos de cómo los gobiernos tratan a las gentes que osan levantarse contra el agotamiento de las tierras a causa del monocultivo, contra el uso irracional de los recursos naturales, contra la explotación, por el derecho de vivir en sus lugares ancestrales y compartir con la Pachamama (la tierra), según los ritos de la armonía, de la racionalidad soñadora, del respeto. México, en este sentido, es paradigmático. En San Salvador de Atenco, la población se levantó porque los ricos querían desalojar a las familias que viven allí desde hace milenios, sólo para hacer un aeropuerto. Oaxaca resistió por meses y su gente enfrentó la muerte, la violencia y la cárcel, por defender la vida digna y la tierra compartida. En el fondo de toda esta represión está el acabar los ejidos (las tierras comunales), que son sagrados para los mexicanos. La tierra y su bendición... La tierra como morada sublime, la tierra como madre. Cuestión imposible de ser comprendida por los ejecutivos de las transnacionales, por las elites asesinas y por los gobiernos de alquiler.En Brasil, la lucha librada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Terra (MST), también tiene sus víctimas. En cada ocupación de tierras, en cada acción desesperada por el derecho a existir en un país de servidumbre, latifundio y de monocultivo, los campesinos enfrentan las balas y las cárceles. Muchos son los que han derramado su sangre para cambiar la cara retrasada de la estructura agraria brasileña y muchos son los que se pudren en las cárceles porque un día osaron enfrentarse al poder. Hoy, dos presos políticos del MST luchan para salir de ellas. Marcelo Buzato y Benedito Ismael Alves Cardoso están detenidos ilegalmente en cárceles del estado de São Paulo por el simple hecho de haber participado en movilizaciones y luchas por la tierra y una vida digna. La cuestión estructural que está atrás de toda esta violencia contra la gente es la misma que está presente en México: la riqueza de las tierras y del subsuelo. No bastan los latifundios y su explotación depredadora, quieren la exuberante biodiversidad, la energía y los medicamentos para tenerlos bajo su poder. No sin razón, el presidente Lula, haciendo coro con los dueños del mundo - sus patronos- dice que los indígenas y los ambientalistas son “una traba” para el desarrollo del país. Es porque esta gente está preocupada por la vida de todos, por el equilibrio de la naturaleza. No está al servicio de los tiburones.Batallas cruentas también libran los Mapuches, en Chile y Argentina, en la defensa de su territorio ancestral, espacio sagrado de vida compartida, solidaria y comunal. Pero, para su mala suerte, este espacio tiene riquezas, y ellas no escapan a la rapiña del nuevo feudalismo mundial, ahora comandado por “hacendados” más modernos. Así, para garantizar que las tierras mapuches se queden en manos de las empresas extranjeras, las comunidades son sistemáticamente invadidas por la policía, y sus líderes son encarcelados. Los motivos que invocan son los más extravagantes. Van desde la acusación de robo de ganado hasta terrorismo. Claro, los gobiernos llaman terrorismo a la lucha que los mapuches llevan a cabo para defender la tierra que siempre ha sido suya. De tal manera que los actos criminales son cometidos por las fuerzas instituidas del orden. Un caso que merece citarse es la comunidad de Temuicuicui, en Chile, que desde el 2002 ha sido atacada, violentada y ha sufrido abusos. Varios comuneros han muerto y otros tantos están en las cárceles. Todo porque quieren su tierra y luchan contra las papeleras y contra la política del gobierno chileno de comercializar las tierras que están ocupadas por los mapuches desde hace cientos de años.Y así, los gobiernos y la mass media prostituida difunden imágenes de conflictos religiosos, de terrorismo, de subversión, de trifulcas, de bandolerismo, como se puede observar también en el caso de Palestina. Pero la cuestión que está detrás de toda esta mentira no es más que el ansia por apropiarse de la tierra, la rica tierra repleta de minerales, de petróleo, pero también de la tierra fértil. La diferencia es que el capital quiere la tierra para convertirla en vil mercancía, para esquilmarla causando más dolor a la Pachamama, provocando desastres. En cambio, los pueblos originarios quieren la tierra para reverenciarla, para respetarla en su condición de madre y hermana. Este es el gran dilema que estamos viviendo. ¿A cada uno de nosotros en el planeta le corresponde decidir de qué lado está! (Traducción ALAI)


- Elaine Tavares es periodista brasileña del Observatorio Latinoamericano (OLA), un proyecto de observación y análisis de las luchas populares en América Latina.


20070209

El FBI en las universidades norteamericanas

El nuevo macartismo ensombrece las universidades estadunidenses y amenaza con implantarse en el área norteamericana para en seguida ir dominando las áreas educativas del continente. Esto cunduciría a la mediatización de la educación, cuyo rechazo ha comenzado ya en Estados Unidos.


Foto cortesía de Frederic Larson.

Poco tiempo después de los ataques del 11S, el Consejo Estadunidense de Miembros y Graduados (ACTA), de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente norteamericano, publicó un informe espeluznante titulado: Defendamos la civilización: cómo nuestras universidades están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al respecto.


Los autores del documento se quejan de que “el ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadunidense que está claramente dividido en su respuesta a los ataque sufridos por EU”. Suele etiquetar a las universidades sospechosas como “eslabón débil en la respuesta norteamericana”.
El director de inteligencia de la revista Executive Intelligence Review, Jeffrey Steinberg dice que, entre otras medidas que se dispararon después de David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular proporcionó los fondos a un antiguo alumno de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), de 24 años, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin, grupo globalista que ofrecía pagar a los alumnos para que grabaran las clases de los profesores sospechosos de ser izquierdistas. Como consecuencia de sus "investigaciones", Jones publicó un folleto titulado Dirty Thirty («Los treinta abominables»), en el que denunció a otros tantos profesores a los que se hizo blanco de ataques por sus inclinaciones izquierdistas. Hay una lista en circulación que se refiere a 28 de los 30 anunciados. Dos "están por anunciarse". Entre los primeros se encuentran Doglas Kellner, Gabrielle Piterberg, Robert Watson, Sondra Hale, Saree Makdisi y otros.


En cuanto el entramado de las denuncias fue hecho público, Horowitz despidió a Jones, aunque en febrero de 2005 el dirigente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular presentó su libro The professors: the 101 Most Dangerous Academics in America. cuya publicidad recibida lo decía todo: Pronto en tu universidad más cercana habrá terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces como los profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción sino la legión. Lejos de de ser inofensivos escupen un antinorteamericanismo violento, predican el antisemitismo y celebran el asesinato de soldados y civiles norteamericanos; todo mientras cobran dólares de los impuestos y las colegiaturas para que nuestros hijos sean inductrinados.


Para septiembre de 2005, la campaña de terror sembrada por Lynne Cheney y David Horowitz había creado ya las condiciones para que el FBI entrara directamente a los claustros universitarios. El 15 de septiembre el director del buró Robert S. Mueller anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior, que será el enlace para la colaboración de los cuerpos docentes universitarios con el FBI. Su objetivo es combatir el espionaje y la subversión en las universidades. En ese engranaje de vigilancia el papel de la junta consiste en controlar el destino de los millones de dólares que las universidades reciben de sus benefactores para labores de investigación y desarrollo de la técnica.


La obsesión por el terror


Aaron Yule, miembro de la redacción de « EIR» en español agrega que la política del gobierno de Bush ha sido el combate al terror, no sólo en el exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se está utilizando la propaganda más aterradora para mantener a la población estadunidense en un estado de incertidumbre total y de miedo para hablar de las medidas de Bush.


No obstante los esfuerzos por atemorizar a los ciudadanos y los menores de edad mediante la difusión masiva de mensajes alarmantes y generadores de paranoia, no han podido evitar la resistencia de muchos jóvenes al clima de demencia que intenta implantar el gobierno bushista.


Ha sido el entusiasmo de los jóvenes en edad universitaria por poner punto final a la locura desenfrenada del gobierno federal lo que está haciendo que renazca el optimismo ante la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a significar un cambio absoluto si llega al poder en las próximas elecciones federales de 2008.


¿Una educación para el imperio?
El primer intento de legislar sobre la implantación del miedo data de principios de 2003 cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la Ley de Educación superior de 1965, que proporciona financiamiento a los programas universitarios del país.


La ley ha sido muy importante para reglamentar el funcionamiento de las escuelas, pero en septiembre de ese año se sometió el Proyecto de Ley HR 3077 (Ley de estudios internacionales en la Educación superior) ante la la Subcomisión sobre Educación y fuerza Laboral para reformar el Título VI. La resolución fue presentada por el representante republicano Pete Hoekstra, aunque no fue él el autor de su contenido. La autoría del documento es atribuida a Stanley Kutz, del Instituto Hoover. Uno de los cambios propuestos por Kurtz, con el propósito de detener la discriminación política, fue el de que el Congreso "cree una junta de supervisión a cargo del Título VI y que determine quién recibe su financiamiento". Dicha junta se conoció en la resolución 3077 de Hoekstra con el nombre de Junta Consultiva de Educación Internacional. cuando a Stanley le preguntaron si había sido influido por Hoekstra, respondió:


Sí creo que algunos de sus comentarios son válidos. No creo que estos estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no de que se les meta en un aula para que los indocrinen en una ideología política.


La resolución fue aprobada por la cámara de Representantes el 21 de octubre de 2003. David Brodsky, escritor y asesor que tiene varios posgrados en la Universidad de Yale bautizó la Resolución 3077 como la ley de educación para el imperio. Y merced a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó a fines de 2003 en espera de pasar a una subcomisión. Mientras tanto, Horowitz y otros neocons se organizan para legitimar los comités de vigilancia. Pittsburg.com informó en febrero de 2005 cuál es el objetivo de este grupo:


La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del Centro para el Estudios de la Cultura Popular, es su padre fundador.


Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que profesores de mentalidad afín cometan actos intolerables de coerción intelectual contra quienes no aceptan su ortodoxia extremista.


La Asociación Estudunidense de Profesores Universitaruios declaró, desde el inicio de su actividad en 1915 que la facultad debía evitar aprovecharse injustamente de la inmadures de los estudiantes para indoctrinarlo con las opiniones personales de los maestros.


Sí, los profesores alguna vez tuvieron esta ética.


El TLC hará proliferar el nuevo macartismo
Esta Carta de los Derechos Académicos es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución. También es un atentado a las leyes fundamentales de los estados signatarios del TLC, Canadá, Estados Unidos y México el programa globalizador que se prondrá en marcha en los tres países, al parecer sin oposición, como consecuencia de la persuasión llevada a cabo por organismos integrados por globalistas a sueldo. Ellos son el Consejo de Relaciones Exteriores (FRC) de Estados Unidos; el Consejo Canadiense de Altos Ejecutivos (CCAE) y el socio mexicano del FRC: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sus propósitos están enmarcados en el documento titulado La construcción de una comunidad en América del Norte.


Su objetivo es nada menos que establecer un gobierno supranacional de intereses privados en la región para el 2010, cuyos confines quedarán definidos. como lo ha afirmado el grupo especial, su recomendación medular es el establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de América del Norte, cuyos confines quedarán definidos por un perímetro común arancelario y de seguridad exteriores.


El grupo especial lo copresiden El banquero estadunidense Bill Weld; Pedro Aspe, representante mexicano del nefasto Carlos Salinas de Gortari, educado en Harvard; y el canadiense John P, Manley, ex alto funcionario del gobierno que encabezó la Comisión de Seguridad Pública tras los ataques del 11S.


Es de esperar que la política de seguridad común anunciada por estos perros guardianes de la globalización americana apunte asimismo hacia las universidades del área continental. Por lo pronto, los privatizadores mexicanos han aplaudido los primeros pasos en favor de que la educación pública desaparezca dejando de recibir fondos gubernamentales. El desastre de los centros de cultura ocurrirá a menos que la inminente administración demócrata cambie el rumbo.


Gaston PardoPeriodista mexicano. Es corresponsal de la Red Voltaire en México

20070207

Represión en Sevilla en la Contracumbre contra la OTAN


Durante la pasada madrugada la Abogada Colegiada en el Ilustre
Colegio de Sevilla doña Enma Valiente fue brutalmente golpeada y
detenida por la policía, en desprecio de su actividad de defensa,
mientras ejercía funciones de asesoramiento jurídico.

Los hechos tuvieron lugar a la salida de una sala de fiestas
alternativa donde efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, en el
marco del despliegue con motivo de la cumbre de Ministros de Defensa
de la OTAN, procedían a la identificació n arbitraria de jóvenes.

La letrada, que pasaba por el lugar, se acercó a interesarse por el
motivo de las identificaciones, asesorando a algunos jóvenes sobre
sus derechos y reclamando a los agentes de policía que se
identificaran a través de su número de carnet profesional de cara a
eventuales denuncias por lesionar los derechos fundamentales. Enma
Valiente trabaja como abogada para el Sindicato de Obreros del Campo
y está integrada en el Grupo Jurídico de la Contracumbre contra la
OTAN.

Ante ello los agentes reaccionaron golpeando a la abogada y
amenazándola con detenerla. Procedieron a ello cuando un compañero
acudió en su defensa. Ambos fueron golpedos y detenidos. A pesar del
carácter ilegal y desproporcionado de la intervención policial, los
agentes le han imputado falsamente a la abogada y su compañero un
supuesto delito de resistencia, con la intención de encubrir la
detención.

La "Sociedad de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos 17
de marzo" denuncia esta brutal agresión al derecho de defensa de los
ciudadanos atentando contra el sagrado derecho democrático a ser
atendido por un abogado.

Aparentemente, la agresión es producto del aumento de la presión
policial con el que las autoridades gubernativas parecen buscar
provocar incidentes que justifiquen el desproporcionado e incómodo
despliegue de seguridad que llevan a cabo estos días en la ciudad de
Sevilla.

Esta Sociedad Jurídica quiere dejar constancia del atentado que
supone impedir a un abogado informar a los ciudadanos de sus derechos
frente a las identificaciones policiales. Conforme a la doctrina
constitucional y la Ley de Seguridad Ciudadana la policía tan sólo
puede proceder a la identificació n de personas en el marco de una
investigación y a partir de alguna sospecha.

Los ciudadanos no están obligados a utilizar el DNI para
identificarse y tienen derecho a conocer los datos profesionales de
los agentes que les requieran para ello. Eso trataba de explicar Enma
Valiente y por eso ha sido golpeada, detenida y falsamente imputada.

Compañeros de la letrada han pedido ya formalmente el amparo del
Colegio de Abogados de Sevilla. El Secretario General del Sindicato
de Obreros del Campo ha pedido su puesta en libertad junto al
compañero detenido.

20070206

Perlas informativas del mes de enero de 2007

Pascual Serrano
Rebelión



INTERNACIONAL



Exterminio paramilitar
El País publica el 30 de diciembre una información titulada “Los paramilitares colombianos denuncian su exterminio”. En el texto descubrimos que han asesinado a cuatro de estos hombres de extrema derecha tras haberse desmovilizado, según dicen, 31.000 combatientes. Si eso es exterminio, habría que pensar qué es el asesinato de 3.000 militantes no armados del partido de izquierda Unión Patriótica a manos de estos paramilitares. Los verdugos ahora se hacen pasar por víctimas.



Poner las bombas y los muertos
El País del 3 de enero dedica un amplio reportaje a la fabricación de armas en España. Allí descubrimos que nuestro país es uno de los fabricantes de las denominadas bombas de racimo, las cuales “constituyen el mayor riesgo para los cascos azules y la población civil en el sur de Líbano, donde Israel arrojó más de 100.000 al final de la guerra”. Estaría bueno que hubiese alguna baja de los cascos azules españoles en esa región provocada por una de esas bombas que nosotros mismo hemos fabricado y vendido a los israelíes. Así mantenemos el mercado, ponemos las bombas y los muertos.



Deriva hacia la dictadura
La nueva etapa iniciada por Chávez tras su victoria electoral es tema del editorial de El País del 6 de enero. Analiza las intenciones del presidente venezolano de “unificar los distintos partidos chavistas” y la “reforma constitucional que permita la reelección presidencial indefinida”. Frente a esto, termina el editorial afirmando que “más que nunca, el país necesita una oposición activa y libre para atajar democráticamente toda deriva hacia la dictadura”. No sé donde ve la deriva, esas dos medidas –un solo partido para un candidato presidencial y sin límites de legislaturas para ejercer de presidente si te votan- están vigentes en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno.





Atentado de las FARC
Con motivo de la fuga de un ministro colombiano retenido por la guerrilla de las FARC, termina la crónica de la corresponsal de El País del 6 de enero diciendo que “el canje de prisioneros quedó suspendido por el Gobierno del presidente Uribe tras el atentado con coche bomba perpetrado por las FARC en Bogotá el pasado 20 de octubre”. Ese atentado no sólo no fue reivindicado por la guerrilla, sino que, incluso, fue desmentido y se abrieron procesos judiciales contra policías y militares por perpetrar atentados de ese tipo que tenían sólo como intención dinamitar esas negociaciones. Información conocida sobradamente por la corresponsalía de El País.



Países sin comisarios en la UE
Como es sabido, el órgano de la Unión Europea que hace, digamos, funciones de gobierno, es la Comisión Europea. El País del día 6 de enero titulaba una noticia “El vicepresidente de la Comisión Europea plantea reducir el número de comisarios”. La idea es que haya menos de 27 comisarios, que es el número de países que integran ya la UE, de modo que el déficit democrático será tal que habrá países que no tengan ni siquiera un representante en el gobierno europeo.



Hacer daño
En un amplio reportaje sobre la movilización en Francia en apoyo de los “sin techo”, y en referencia a la ONG que organizó las protestas, “Los Hijos de Don Quijote”, un sumario de El País del 6 de enero dice: “El Gobierno francés, sabe que este grupo, aún siendo pequeño, puede hacer daño”. A movilizarse denunciando que entre 80 y cien mil personas viven en la calle le llaman “hacer daño”.



Comprar la Luna
También por El País del 6 de enero nos enteramos que una compañía israelí está vendiendo terrenos en la Luna. Eso es posible porque “en los años setenta el americano Dennos Hope registró a su nombre el satélite y todos los planetas del sistema solar”. Estaría bien que ahora llegaran aquí unos extraterrestres y dijeran que ellos registraron diez años antes la Tierra en su planeta y que ahora nos tenemos que ir porque todo es suyo.



Control de flujos emigratorios
En el suplemento de La Gaceta de Canarias del diario El Mundo del 7 de enero, leo en portada el titular “La Armada recibe grandes elogios por su labor de control de los flujos emigratorios”. Tan eficaz ha sido su control que han logrado que 6.000 africanos se hayan ahogado en el año 2006 intentando llegar a las costas canarias sin ser descubiertos.



Entrar en un hotel
En El País Semanal del 7 de enero aparece una larga entrevista al rockero Fito & Fitipaldis. Apenas se habla de política y menos de internacional, sólo cita en un momento a Cuba para criticar que a una amiga cubana no le dejaron subir a la habitación de su hotel. Algo que, por supuesto, hoy no sucede. Dice el músico: “Ahora lo pienso y me indigno: a mí, si en mi propio país no me dejan subir a un hotel, vamos, es que vuelvo esa noche y lo (sic) prendo fuego”. Pues sí, en España no te dejan subir a ningún hotel que no hayas pagado, esa es la libertad, poder hacer lo que puedas pagar.



Pérdidas del hospital
El ABC del 7 de enero dedica una noticia a las deficiencias de los hospitales italianos. Termina el texto afirmando que el Policlínico Humberto I de Roma, el hospital público más grande de Italia, “a finales de 2006, tuvo un déficit de 118 millones de euros, lo que significa que cada día pierde 323.000 euros”. Claro, ¿qué quieren que tenga beneficios un hospital público? Quizás lo que sucede es todo lo contrario, que tiene poco presupuesto y por eso funciona mal. La derecha cuando algún servicio público es deficiente por falta de recursos, lo resuelve diciendo que gasta mucho como preparación a la privatización.



Izquierda, derecha y populistas
El diario La Vanguardia del día 8 de enero adjunta en una noticia “El mapa político de América del Sur”. Divide los países en tres grupos, izquierda, derecha y… populistas. Estos últimos son Venezuela, Bolivia y Ecuador, los de izquierda son Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. De este modo se le da a la socialdemocracia la exclusividad de la izquierda, ya no son de izquierda los que nacionalizan sus recursos naturales y firman acuerdos con Cuba, eso es populismo.




Los provida que matan


Un reportaje del diario El Mundo del 9 de enero trata de los ataques a clínicas, amenazas de muerte a médicos y también asesinatos promovidos por los grupo antiabortistas estadounidenses. Enumeran desde 1977, en EEUU y Canadá, siete homicidios, 17 intentos de asesinato, tres secuestros, 41 atentados con bomba, 1.213 incidentes vandálicos y 100 ataques con ácido. Lo espectacular, es el titular del trabajo: "Los excesos de la cruzada pro vida". Resulta cínico llamar a esos actos excesos y mucho más "pro vida" (sin comillas en el titular) a la causa que dicen defender.


Fidel Castro. Reflexiones